UNDP Digital Guides - Solución Centrada en las Personas para la Justicia y la Seguridad

Introducción

Un enfoque centrado en las personas para la justicia y la seguridad es aquel que se enfoca en atender las necesidades cotidianas de justicia y seguridad de la gente. Su objetivo es mejorar la vida de todos los miembros de la sociedad a través del acceso a mecanismos efectivos y eficientes de resolución de disputas, la protección legal de los derechos humanos y la capacidad de todas las personas para vivir en seguridad. A partir de una comprensión de las necesidades, experiencias y expectativas de las personas, un enfoque centrado en las personas busca fortalecer los sistemas para brindar servicios de justicia y seguridad para todos, y especialmente para aquellos más en riesgo de quedar atrás. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para apoyar el fortalecimiento de estos sistemas centrados en las personas.

La demanda global de tecnología en el sector de la justicia está expandiéndose. Los llamados a aumentar la eficiencia de los sistemas de justicia y seguridad, introducir la estandarización de servicios, proporcionar servicios más accesibles, prepararse y recuperarse mejor de las crisis, y modernizar el sector legal han aumentado en los últimos años.

Históricamente, las instituciones de justicia han priorizado las prioridades administrativas y los objetivos de eficiencia del estado, sin adaptarse a las necesidades de las personas de un acceso más simple y fácil a la justicia. Los sistemas de justicia y seguridad en todo el mundo han sido lentos en adoptar tecnologías digitales o en brindar servicios digitales, con diferencias jurisdiccionales y restricciones legislativas que justifican el mantenimiento de operaciones basadas en papel o híbridas que no logran salir de los silos institucionales.

La pandemia de COVID-19 demostró la vulnerabilidad de las instituciones legales y los sistemas de seguridad que dependen de operaciones análogas como archivos en papel y transacciones en persona. Fomentó una nueva disposición para adaptarse y modernizarse, e hizo posible abordar los obstáculos históricos para digitalizar la administración de justicia y seguridad, entre los que se encuentran los siguientes:

Infraestructura básica (falta de electricidad, acceso a internet y computadoras de escritorio)
Conectividad del sistema (redes, acceso a archivos y personal)
Accesibilidad pública (falta de formularios en línea o información sobre casos)
Software y hardware (falta de licencias para uso doméstico, hardware insuficiente, Internet poco confiable)
Resistencia al cambio (policía, personal de tribunales, abogados y jueces que se niegan a adaptarse)
Barreras legales (diferencias entre procesos digitales y analógicos, requisitos legislativos)

La importancia de contar con sistemas de justicia y seguridad funcionales y confiables en períodos de crisis y disrupción es evidente en el caso de crisis climáticas, de salud o causadas por otros tipos de crisis. Las personas que luchan con la pérdida de empleo o desalojos recurren al sistema de justicia para proteger sus derechos. Los ciudadanos necesitan instituciones de justicia y seguridad para presentar quejas y acceder a servicios públicos, incluidos beneficios de ayuda. La policía depende de herramientas digitales para proteger a las comunidades.

El PNUD, como socio de desarrollo crítico, aboga por y apoya la justicia electrónica como una herramienta estratégica para transformar los sistemas de justicia y seguridad para que sean más efectivos, accesibles y receptivos a las necesidades de las personas. Cuando se adopta como parte de una estrategia de protección de los derechos humanos, la justicia electrónica puede habilitar enfoques de desarrollo, proteger el Estado de Derecho y apoyar la ejecución de justicia y seguridad centradas en las personas. El Plan Estratégico 2022-2025 del PNUD contiene una prioridad en la transformación digital que se ha desarrollado aún más en su Estrategia Digital. Este plan sienta las bases para que las tecnologías y los procesos digitales se integren de manera responsable en la programación y operaciones del PNUD.

El Programa Global para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, los Derechos Humanos, la Justicia y la Seguridad para la Paz y el Desarrollo Sostenible apoya el desarrollo de proyectos de implementación de medios electrónicos en la justicia a nivel de país mediante la construcción de la capacidad de los puntos focales del Estado de Derecho, la ayuda a las Oficinas de País a navegar las etapas tempranas particularmente difíciles de los proyectos de justicia electrónica y el apoyo a todo el ciclo de diseño e implementación de iniciativas de justicia electrónica. El Programa Global también tiene como objetivo compartir buenas prácticas y lecciones en todo el PNUD.

Mensajes Clave

La falta de acceso a la justicia y la falta de seguridad para las comunidades amenaza la cohesión social y hace que las personas deban luchar por afirmar o hacer cumplir los marcos legales que protegen su seguridad física, económica y familiar.
El PNUD pone a las personas en el centro de su trabajo, y esto incluye sus necesidades de justicia, seguridad y derechos humanos. El PNUD se enfoca en identificar y abordar las causas que dan origen a la desigualdad y la exclusión e impulsan la injusticia y la inseguridad, en comprender las necesidades de justicia y seguridad de las personas, y en empoderar y promover la agencia humana y la participación; todo ello impulsado por el compromiso de garantizar que nadie se quede atrás.
La digitalización ofrece oportunidades únicas. Si se usa estratégicamente, puede habilitar una transformación significativa de los sistemas de justicia, puede apoyar el acceso a la justicia para todos y puede mejorar la experiencia de justicia. Sin embargo, los riesgos, incluidos los problemas de protección de datos, las violaciones de los derechos humanos en línea y la brecha digital, entre otros, son igualmente críticos de abordar y deben considerarse y mitigarse cuidadosamente al desarrollar soluciones de justicia electrónica.
La transformación digital de los sistemas jurídicos también puede hacer que los servicios de justicia y seguridad sean efectivos y accesibles para las comunidades vulnerables que históricamente han sido excluidas. Los servicios digitales transparentes y eficientes pueden reducir el costo, el tiempo y la confusión de los procesos jurídicos y facilitar datos precisos entre instituciones porque con esta implementación los sistemas de justicia son más seguros para las mujeres y las comunidades minoritarias.
En la actualidad, hay un mayor interés por la modernización, ya que tanto individuos como instituciones se preparan para disrupciones inesperadas. Gobiernos, tribunales, defensores de derechos humanos, la sociedad civil y jueces y abogados individuales están pidiendo sistemas de justicia electrónica nuevos o mejores.
La mayoría de los proyectos de transformación digital del gobierno no cumplen con las expectativas de acceso a la justicia. Esto suele deberse a la falta de atención a la gestión del cambio, la capacidad digital insuficiente y la falta de enfoque en las necesidades del usuario.
Traducir los enfoques de transformación digital en instituciones judiciales requiere construir capacidad digital dentro de las propias instituciones para comprender y, al menos en parte, poseer y operar sus sistemas digitales.
Un despliegue lento e iterativo de sistemas digitales mantiene el enfoque en lo que es valioso tanto para las personas como para el personal en las instituciones judiciales.
El PNUD recibe el llamado de socios nacionales para responder a la creciente demanda de justicia electrónica; por este motivo, trabaja con consultores, proveedores de TI y integradores de sistemas para avanzar en una transformación digital inclusiva de las instituciones judiciales, cultivando experiencia en oficinas de país en todo el mundo a través del intercambio de conocimientos sur-sur y la oferta de apoyo centralizado. Tiene experiencia diversa y puede proporcionar las buenas prácticas para apoyar servicios de justicia y seguridad digitales centrados en las personas, de propiedad nacional y sostenibles.
Las nuevas tecnologías y herramientas digitales no son los objetivos en sí mismos, sino que son formas de habilitar una transformación del sistema que mejore la calidad de la prestación de servicios de justicia y seguridad.

Oportunidades y riesgos

Las oportunidades y los riesgos a nivel social asociados con las herramientas digitales en el contexto de avanzar hacia un enfoque centrado en las personas para la justicia y la seguridad pueden utilizarse como base para formar teorías de cambio a nivel de programas, y pueden inspirar a los equipos de programas a ver cómo las tecnologías digitales pueden apoyar actividades de programas de justicia y seguridad centrados en las personas. 

Mayor transparencia y mejor gobernanza: La digitalización de los sistemas de justicia y seguridad puede ayudar a reforzar una buena gobernanza al introducir procesos transparentes, resultados justos, datos públicos, prácticas de presupuesto responsables y acceso a la información, lo que conduce a una mayor confianza pública y un mejor control democrático. Por ejemplo, los sistemas de gestión de casos judiciales digitales requieren reglas estrictas para el acceso a los documentos judiciales. Estos sistemas exigen y también permiten el seguimiento cuidadoso del personal que accede a la documentación de los casos, la supervisión del cumplimiento de las reglas y el fortalecimiento de la privacidad para los miembros del público.
Mayor acceso a la justicia y seguridad para grupos vulnerables: Las tecnologías digitales pueden ayudar a que las instituciones sean más inclusivas, participativas y abiertas, y a que respondan a las necesidades de las personas y las comunidades, particularmente las más vulnerables y aquellas en riesgo de quedar atrás. Por ejemplo, la digitalización contribuye al acceso a la justicia al crear mecanismos y procesos de quejas fáciles, inclusivos y accesibles. El análisis de datos y estadísticas contribuye a una mejor comprensión y respuesta a las brechas en justicia y seguridad. La presentación electrónica de documentos, la gestión de casos digitales, los tribunales virtuales, las aplicaciones de denuncia de violencia de género y las estadísticas de las prisiones son buenos ejemplos de adaptación digital que pueden apoyar el aumento del acceso a la justicia y la seguridad para grupos vulnerables.
Mayor capacidad del sistema: Los actores del sector de seguridad y justicia usan cada vez más tecnologías digitales para reducir significativamente las barreras a la justicia y aumentar su capacidad para responder a las necesidades de justicia. Formularios digitales que permiten a las personas presentar documentos clave desde su hogar, y portales electrónicos que proporcionan acceso en tiempo real a los datos de los casos, facilitan a las personas comprender e interactuar en etapas clave del sistema judicial. La recopilación de datos y los mecanismos de intercambio basados en el consentimiento permiten mejoras más sofisticadas en los servicios de justicia. El uso cuidadoso de tecnologías de vigilancia e inteligencia artificial (IA) puede ayudar a combatir la criminalidad, especialmente los delitos financieros complejos, el terrorismo y el crimen organizado transnacional. La gestión de casos digitales en los tribunales permite que las decisiones del personal sirvan mejor a las comunidades rurales, se pueden usar para capacitar al personal del tribunal, abogados y jueces en temas legales emergentes y pueden ayudar a cumplir con los plazos de procesamiento de casos.

La digitalización, aunque es una herramienta poderosa, tiene el potencial de crear ciertos riesgos sociales para la justicia y la seguridad. Estos riesgos se exacerban en muchos casos en el caso de la justicia y la seguridad centradas en las personas. Las amenazas que se reconocen cada vez más en nuestra sociedad interconectada incluyen el sesgo incorporado, el aumento de la brecha digital, el posible mal uso de los datos y el aumento del abuso cibernético y la ciberdelincuencia.

Sesgo incorporado: Convertir sistemas analógicos a digitales corre el riesgo de incorporar un sesgo sistémico contra mujeres, LGBTQI+, comunidades indígenas y minorías raciales y religiosas. La inteligencia artificial entrenada con datos de decisiones judiciales o interacciones pasadas con instituciones de seguridad puede incorporar sesgos humanos sistémicos en algoritmos aparentemente neutrales que se utilizan para fines como evaluar riesgos de seguridad, generar sentencias predictivas o generar orientación para decisiones de fianza.
Aumento de la brecha digital: 2,7 mil millones de personas no tienen acceso confiable a Internet. El uso de soluciones electrónicas puede complicar el acceso a la justicia y la seguridad para los más vulnerables y aquellos que tienen menos acceso a tecnologías digitales e infraestructuras o carecen de la alfabetización necesaria. Cualquier transformación en este campo debe estar guiada por el principio de no dejar a nadie atrás y se deben emplear enfoques centrados en las personas para desarrollar servicios y herramientas inclusivas que ayuden a mitigar este riesgo.
Riesgos de privacidad y protección de datos: Los actores de seguridad y justicia cada vez usan más tecnologías de la información y la comunicación de maneras que les dan acceso a información confidencial como detalles personales, pruebas protegidas e información de contacto o identificación de testigos. Las empresas que brindan servicios dentro de las instituciones de justicia y seguridad deben ser responsables en cuanto al cumplimiento de estándares legislativos. Si los mecanismos de gobernanza y supervisión de las tecnologías digitales no están bien establecidos, aumenta el riesgo de violaciones de la privacidad y abusos de vigilancia. Cualquier proyecto de justicia electrónica debe incluir protocolos para la gestión de datos y el almacenamiento seguro, y garantizar la plena protección de los datos y los derechos de privacidad.
Aumento del ciberabuso y ciberdelito: La digitalización está transformando la vida de las personas y los comportamientos de la sociedad. Los sistemas de justicia y seguridad deben estar preparados para actuar de manera proactiva a fin de proteger los derechos y regular el uso del ciberespacio para prevenir la habilitación de diversos tipos de delitos financieros, sexuales y de género en línea, además del terrorismo.

Siempre que se introduzca tecnología, es crítico examinar todos los derechos afectados por la tecnología y prestar plena atención a los posibles perjuicios. Esto a menudo requerirá que el personal del PNUD y los defensores de derechos investiguen las posibles consecuencias más allá de los beneficios prometidos. Algunos de los riesgos de los proyectos de justicia electrónica se pueden mitigar fácilmente mediante un buen diseño, adquisiciones y regulaciones, mientras que otros riesgos requieren una vigilancia constante. El cambio tecnológico puede requerir cambios regulatorios y legales, y, lo que es más importante, cambios culturales.

Sugerencias para la programación

La digitalización puede desempeñar un papel vital en facilitar procesos de justicia y seguridad centrados en las personas. Sin embargo, la digitalización debe verse como una herramienta para abordar los desafíos que enfrentan las personas, no como un fin en sí mismo. Los verdaderos impulsores de la transformación provienen de comprender e interpretar las necesidades de los usuarios, fomentar el comportamiento ético y cultivar una cultura de pensamiento crítico. Si bien las herramientas digitales ayudan en estos procesos, debemos analizar las soluciones digitales dentro de los contextos socioculturales, políticos y económicos y tomar decisiones cuidadosas e informadas. La digitalización en los sectores de justicia y seguridad va más allá del impacto a corto plazo de la tecnología en la eficiencia del sistema. Es una oportunidad para fortalecer estratégicamente el Estado de Derecho, proteger y defender los derechos humanos de todas las personas, garantizar un acceso equitativo a la justicia, superar la brecha digital y combatir los daños digitales.

Ofrecemos sugerencias de programación para cuatro subpilares del marco digital que pueden promover que la justicia y la seguridad estén centradas en las personas:

Capacidad de implementación y sistemas

La Capacidad de Implementación es un subpilar que incorpora el talento, la adopción de tecnología y las formas de trabajo para digitalizar los servicios de justicia. A continuación, se presentan sugerencias para apoyar el uso de tecnologías digitales para promover la justicia y la seguridad centradas en las personas:

Evaluación:

Identificar a los actores relevantes en los sectores relacionados con los servicios de justicia y seguridad, como, por ejemplo, usuarios públicos, instituciones, sector privado, líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, abogados, policía, medios de comunicación, academia y personal correccional.
Evaluar las necesidades de justicia de las personas y las barreras para su plena participación en los procesos de justicia y seguridad.
Evaluar exhaustivamente las amenazas a los derechos y la seguridad de las personas que pueden derivarse del creciente uso de la tecnología. Estas amenazas incluyen la facilitación de delitos financieros, delitos organizados transnacionales, discurso de odio, violaciones de la privacidad, extremismo violento y violencia de género facilitada por la tecnología, que incluye delitos sexuales digitales y extorsión sexual.
Evaluar la capacidad de los sistemas de justicia y seguridad para incorporar soluciones digitales en sus sistemas de trabajo, por ejemplo, con una revisión de los formularios en línea, las soluciones virtuales y las aplicaciones móviles. Comprender el uso y la coordinación de estas herramientas con otros actores del sector (otras instituciones, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, etc.). Evaluar cómo cada una de estas instituciones maneja los riesgos relacionados con el uso de la tecnología, por ejemplo, en relación con los sesgos incorporados, las violaciones a la privacidad y la exclusión de los procesos de justicia.
Evaluar la capacidad de los actores de justicia y seguridad para responder a las necesidades identificadas, centrándose en las capacidades y brechas existentes.

Respuesta:

Revisar y reformar los marcos legislativos relacionados con las reglas sobre investigaciones, la recopilación y almacenamiento de pruebas digitales, las audiencias virtuales y las protecciones de datos y privacidad.
Fortalecer la capacidad de las instituciones de justicia y seguridad a través de capacitación, compromiso intersectorial, adquisición de equipos, enfoques sostenibles para el presupuesto y mantenimiento y actualizaciones del sistema planificados y financiados.
Utilizar la planificación temprana y la opinión de los usuarios y el diseño para cultivar habilidades y comprensión de las herramientas digitales en todo el ecosistema de justicia electrónica antes de tomar decisiones sobre las tecnologías y herramientas digitales.
Crear conciencia sobre el papel de la digitalización entre todos los actores identificados que trabajan en justicia y seguridad para facilitar cambios en la cultura institucional y la asimilación de la tecnología en la administración de servicios de justicia y seguridad.
Compartir la experiencia del PNUD en gestión de casos y tribunales, digitalización de servicios de justicia y policía, uso de inteligencia artificial, aplicaciones y proyectos de datos a través del mapa global de justicia electrónica.
Facilitar el intercambio de experiencias entre diferentes instituciones o departamentos dentro de un país y entre países, con un enfoque particular en la cooperación Sur-Sur.

Liderazgo y estrategia

El avance de la tecnología nos exige adaptar y actualizar los programas de capacitación para abordar nuevos desafíos y oportunidades en el panorama digital. A continuación, se presentan sugerencias para apoyar la justicia y la seguridad centradas en las personas:

Evaluación de habilidades actuales: Comenzar por evaluar los niveles actuales de alfabetización digital de los actores de seguridad y justicia. Identificar sus fortalezas y debilidades para adaptar los programas de capacitación en consecuencia.
Programas de capacitación personalizados: Desarrollar programas de capacitación personalizados que sean específicos a las necesidades de los profesionales de seguridad y justicia. Por ejemplo, los oficiales de policía pueden requerir una capacitación diferente a la de los profesionales jurídicos. Capacitar a individuos y comunidades en el uso de la tecnología y sus derechos. Considerar la colaboración con instituciones educativas u organizaciones de capacitación especializadas para crear y ofrecer estos programas.
Conciencia de ciberseguridad:Capacitar a los actores en los fundamentos de la ciberseguridad con prácticas seguras en línea, reconocimiento de intentos de phishing y protección de datos sensibles. Será crucial destacar la importancia de usar contraseñas fuertes y únicas, así como la autenticación de dos factores.
Manejo de pruebas digitales: Enseñar procedimientos adecuados para la recopilación, preservación y presentación de pruebas digitales en el tribunal. Familiarizarlos con herramientas y técnicas forenses digitales.
Aspectos legales y éticos: Educar a los profesionales de seguridad y justicia sobre las consecuencias jurídicas y éticas de las investigaciones digitales y la vigilancia. Asegurarse de que comprendan las leyes y regulaciones de privacidad relevantes para sus roles.
Privacidad y protección de datos: Brindar capacitación sobre leyes y regulaciones de protección de datos, con énfasis en la importancia de salvaguardar datos personales y sensibles.
Inteligencia de código abierto:Capacitar a profesionales para recopilar y analizar de manera efectiva información de fuentes en línea de acceso público para ayudar en investigaciones y toma de decisiones.
Investigaciones en redes sociales y en línea: Instruir a los participantes para que cuenten con habilidades para llevar a cabo investigaciones en línea y monitorear las redes sociales en busca de posibles amenazas o actividades criminales. Enfatizar consideraciones éticas y respeto a la privacidad al utilizar estas herramientas.
Escenarios simulados: Realizar ejercicios realistas y prácticos, y simulaciones para permitir a los actores de seguridad y justicia practicar sus habilidades digitales en un entorno controlado.
Aprendizaje continuo y actualizaciones: La tecnología digital evoluciona rápidamente. Fomentar el aprendizaje continuo y proporcionar recursos para que los profesionales se mantengan al día con las últimas herramientas y tendencias.
Aprendizaje y colaboración entre pares: Fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los actores de seguridad y justicia. Esto puede fomentar una cultura de mejora continua.
Certificaciones y reconocimientos: Considerar la posibilidad de ofrecer certificaciones o reconocimientos a los profesionales que completen una capacitación avanzada en alfabetización digital que los motive a invertir en sus habilidades.
Integración de políticas:Integrar prácticas de alfabetización digital y ciberseguridad en las políticas y procedimientos organizativos para garantizar una aplicación consistente.
Asignación de recursos: Asignar recursos suficientes, incluso tiempo y presupuesto, para las iniciativas de capacitación en alfabetización digital. Asegurar acceso gratuito y fácil a Internet, tecnología y herramientas.

Datos y privacidad

Las herramientas digitales traen oportunidades y riesgos. Ninguna tecnología, proceso digital o servicio es uniformemente positivo o negativo. Identificar y comprender el potencial y los riesgos de una herramienta es fundamental para tomar decisiones informadas y cuidadosas sobre proyectos de justicia electrónica y asegurarse de que estén centrados en las personas, sean inclusivos y no violen derechos humanos.

Adoptar un enfoque basado en el principio de no dejar a nadie atrás o bien centrado en las personas, para evaluar y abordar los riesgos en los estándares de datos y marcos legales, considerando factores como las implicaciones para los derechos humanos, la accesibilidad/inclusividad y las disparidades en la brecha digital.
Revisar los marcos legales para evaluar la legalidad de los proyectos previstos e identificar necesidades de reformas legales o ajustes regulatorios.
Evaluar la compatibilidad de las normas legislativas y regulatorias en cuanto a pruebas, procedimientos legales e intercambio de datos. Iniciar procesos de reforma legal en las primeras etapas de un proyecto.
Desarrollar protocolos sobre la propiedad, gestión, almacenamiento y protección de datos.
Integrar la protección de datos y la privacidad en los procesos de adquisición y asegurarse de que los socios del sector privado consideren y respeten estos requisitos.

Habilidades de alfabetización digital

Una de las piedras angulares de la justicia y la seguridad centradas en las personas es la alfabetización digital. Esto abarca la capacidad de todas las partes de la sociedad (todas las regiones, grupos etarios y géneros) para utilizar la tecnología digital, especialmente los grupos tradicionalmente marginados (como refugiados y migrantes, mujeres y jóvenes, personas con discapacidades y necesidades especiales, y personas mayores). Mejorar las habilidades de alfabetización digital de los usuarios de seguridad y justicia es un proceso continuo.

Evaluar el acceso a la infraestructura de Internet y los dispositivos como una de las primeras etapas del proceso de diseño de una justicia electrónica que se centre en las necesidades de las comunidades más remotas o excluidas.
Integrar la reducción de la pobreza y la programación de alfabetización digital en las iniciativas de justicia electrónica y liderar las tareas de superación de estas barreras.
Capacitar al personal de justicia y seguridad para comprender y abordar las barreras al acceso digital mediante la oferta de servicios paralelos en persona para aquellos que no pueden acceder a herramientas digitales.
Plantear temas relacionados con la infraestructura digital como áreas críticas de acción gubernamental.

Partes interesadas

Es importante identificar y abordar a las partes interesadas clave para la justicia y la seguridad centradas en las personas. El mapeo de estas partes interesadas debe realizarse dentro del contexto del país, pero también debe tener en cuenta a las partes interesadas internacionales. Estas partes interesadas son fundamentales para lograr un progreso de alto rendimiento y sostenible en cada subpilar del marco digital.

Según el proyecto, las partes interesadas clave pueden incluir:

Partes interesadas nacionales de justicia y seguridad:

Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, y Ministerios que atienden a mujeres y niños, servicios sociales, servicios correccionales, autoridades financieras, etc.
Poder Judicial (tribunales, jueces, secretarios, personal administrativo, financiero y de TI).
Fiscales.
Abogados y miembros de las profesiones legales, por ejemplo, Colegios de Abogados, oficinas de Defensores Públicos, proveedores de asistencia legal y clínicas, mediadores y sistemas de resolución alternativa de disputas (ADR).
Policía, forenses, inteligencia policial, servicios de control de multitudes y seguridad pública, incluso policía de tráfico y servicios de TI.
Academias (judiciales, escuelas de derecho, policía).
Personal correccional.
Servicios Sociales (protección infantil, trabajadores sociales, trabajadores de salud mental, educadores y proveedores de atención médica).
Registro civil nacional.
Organismos de monitoreo de derechos como el Defensor del Pueblo, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, parlamentos.
Empresas de tecnología privadas.
Organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales, actores comunitarios, por ejemplo, proveedores de sistemas de justicia y seguridad tradicionales y/o consuetudinarios.
Defensores de derechos humanos.

Socios internacionales

Otras agencias de las Naciones Unidas, ONG internacionales y organizaciones de derechos humanos que trabajan en el ámbito digital.

Ejemplos de programación

Mi Corte en Bangladesh

En Bangladesh, la aplicación móvil "Mi Corte" (Amar Adalat) está disponible para todos y proporciona la lista de casos pendientes en los tribunales en un día laborable específico. Los solicitantes podrán conocer la última orden, la próxima fecha y el estado de su caso, y podrán acceder a servicios digitales. Además, un Tablero de Monitoreo Judicial proporcionará todo tipo de datos relacionados con los casos, incluido el estado actual de los tribunales, la naturaleza de los procedimientos y diversas estadísticas. Más detalles aquí. ‍